Reclamación constitucional y la asimilación de la jurisprudencia reciente del Supremo Tribunal sobre los Temas nº 6 y 1234

Resumen

La judicialización de la salud pública consiste en recurrir al Poder Judicial para obtener acciones, servicios, medicamentos y tecnologías sanitarias del Sistema Único de Salud (SUS), un derecho garantizado por la Constitución Federal de 1988. En este escenario, el Supremo Tribunal Federal (STF), como garante de la Constitución, desempeña un papel central en la estandarización de la interpretación del derecho a la salud a través de su jurisprudencia. En 2024, el STF se pronunció sobre los Temas 6 y 1234, que redefinieron los parámetros para la concesión judicial de medicamentos por parte del SUS. El Tema 6 estableció criterios acumulativos rigurosos, que exigen la prueba de la eficacia y seguridad del medicamento con base en la Medicina Basada en la Evidencia, la inexistencia de una alternativa terapéutica incorporada y la incapacidad financiera del demandante. El Tema 1234, a su vez, reguló la competencia judicial y la legitimidad pasiva de las entidades federativas, además de vincular la provisión judicial al Precio Máximo de Venta al Gobierno (PMVG). Estos entendimientos se consolidaron en los Precedentes Vinculantes 60 y 61, cuyo incumplimiento autoriza la presentación de una Demanda Constitucional ante el STF, instrumento destinado a preservar la autoridad de las decisiones del Tribunal. Sin embargo, decisiones recientes, como la Demanda Constitucional n.º 87.745/RJ, ponen de manifiesto dificultades para asimilar los nuevos parámetros. El estudio señala que la Demanda Constitucional se ha consolidado como un mecanismo relevante para el proceso de asimilación de la jurisprudencia reciente del STF, lo que revela tensiones interpretativas y la necesidad de una mayor armonización de decisiones para garantizar la seguridad jurídica, la equidad y la sostenibilidad del SUS.

Recibido: 19/12/2025 | Revisado: 23/02/2026 | Aprobado: 27/02/2026