La judicialización de la salud: las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en contra del Principio de la Separación de los Poderes
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Palabras clave

Legalización
Salud
Derecho
Separación
Powers

DOI:

https://doi.org/10.17566/ciads.v6i1.295

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1.
La judicialización de la salud: las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en contra del Principio de la Separación de los Poderes. Cad. Ibero Am. Direito Sanit. [Internet]. 2017 Mar. 30 [cited 2026 Mar. 14];6(1):139-52. Available from: https://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/295

Resumen

Introducción: La Constitución Federal de 1988, para calificar la salud como un derecho fundamental de acceso universal e igual, y el deber del Estado, y para establecer la participación del poder judicial frente a la amenaza o lesión o los derechos ha dado lugar a la llamada legalización de salud: la interferencia que el poder sea en temas principalmente responsabilidad de los poderes ejecutivo y legislativo. El artículo tiene como objetivo identificar la posición de la Corte Suprema (STF) y la interferencia del poder judicial en el principio de separación de poderes. Metodología: Se realizó una investigación cualitativa-cuantitativa, de carácter descriptivo y analítico de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de junio 2009 hasta junio 2015 en las acciones de la sede de recurso cuyos objetos fueron declarado acerca de acciones o servicios de salud. Resultados y discusión: El análisis de las decisiones Mostrar: aumento de las demandas de salud llevados a la Corte Suprema en 2014 y 2015; predominio de las demandas de insumos farmacéuticos y asistencia; Estado de la tendencia reivindica como una característica de las razones por violación de la separación de poderes y el daño grave al orden público; pacificado la comprensión de la Corte Suprema como la materia. Conclusión: Para la intervención STF del poder judicial en la política de salud pública no viola el principio de separación de poderes, o resulta dañado por el orden público, ya que la garantía y el ejercicio del derecho a la salud es responsabilidad del Estado, cualquiera que sea la pelota y el ámbito de sus funciones, siendo inadmisible, dentro del marco constitucional aprobada, ninguno de los poderes renuncia a dicha obligación.
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